Desde Bicicleta Blanca trabajamos para honrar la memoria de quienes perdieron la vida al transportarse en bicicleta. Parte de ello incluye promover políticas públicas que propicien que las calles sean seguras para rodar, de manera que cada vez más personas encuentren en la bicicleta un modo de transporte viable para ellas.
El Congreso del Estado aprobó la reforma a la Ley de Movilidad y Transporte para sancionar a quienes usen su vehículo motorizado para “generar miedo, presión o sometimiento en personas usuarias de la vía con derecho preferente, sin que sea necesario que se produzca un daño físico directo”.
Este es un paso muy importante hacia construir una sociedad donde las personas más vulnerables de la calle, que son también quienes menos afectaciones generan al medio ambiente y a la movilidad de la ciudad, puedan transportarse de manera segura y sin ser amedrentadas por quienes manejan un vehículo motorizado.
La intimidación vial es un fenómeno tan común que se ha convertido en una constante con la que peatones y ciclistas lidiamos todos los días. Es la manera en la que la clase cochista intenta imponer su falsa superioridad y amedrentar a quien camina o anda en bici, para que se sienta inferior. Esto mismo lleva a muchas personas a buscar hacerse de un auto, abonando al ya insostenible problema de la congestión vial.
La aprobación en el Congreso es una victoria parcial: es necesario que los gobiernos Estatal y Municipales la adopten para que se convierta en una política aplicable. Para evitar que esta reforma quede en letra muerta, es necesario:
- Que el gobernador Pablo Lemus publique el decreto en el Diario Oficial del Estado CUANTO ANTES. De otra forma, sólo es un bonito papel.
- Que las autoridades estatales y municipales (Secretaría de Transporte, Secretaría de Seguridad y los municipios del estado) se capaciten en los cambios a la Ley, para su entera comprensión y adopción.
- Que las autoridades antes mencionadas diseñen metodologías para la recepción de denuncias y las sanciones administrativas.
